La sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón a los
servicios jurídicos de UGT y ha declarado nulo el despido de los agentes
locales de promoción de empleo (Alpes), en este caso de la Unidad de Sierra
Morena, que afecta a más de diez municipios de la provincia de Jaén, por lo que
esos agentes locales deberán ser readmitidos.
En
una nota, el sindicato ha explicado que había recurrido la sentencia del
Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) mediante un recurso de casación y
finalmente el Supremo da la razón a la denuncia interpuesta por UGT Andalucía,
así que obliga a la incorporación de los agentes en sus puestos de trabajo.
Según la denuncia, consultada por Europa Press, esta denuncia se
presentó por el sindicato contra la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo, el Consorcio de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y
Tecnológico (Utedlt) de Sierra Morena, el Servicio Andaluz de Empleo, y los
ayuntamientos de Andújar, Arjona, Arjonilla, Cazalilla, Escañuela, Espeluy, La
Higuera, Lopera, Marmolejo, Porcuna y Villanueva de la Reina, todos de la
provincia de Jaén, una denuncia por despido colectivo donde se pedía la nulidad
del despido de los 12 trabajadores de la Utedlt de Sierra Morena, despedidos en
octubre de 2012.
Ha precisado que en su día, la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA) avaló las razones económicas alegadas por la
Junta de Andalucía para presentar el expediente de regulación de empleo que
afectó a los Alpes.
UGT, mediante sus servicios jurídicos, recurrió esa sentencia y ahora
el Supremo le da la razón, aludiendo a conceptos como "desviación de
poder", al "evitar la aplicación de la normativa autonómica sobre la
integración del personal del consorcio en el SAE", lo que le lleva a
revocar la sentencia, "al quedar acreditado el fraude de ley".
En una nota, el sindicato ha explicado que con la Ley de Ordenación del
Sector Público, UGT exigió al SAE que integraran a los 800 agentes locales de
promoción de empleo (Alpes), que estaban contratados a través de 97 consorcios
"pero el SAE, antes de liquidar dichos consorcios, procedió a
despedir a estos 800 trabajadores".
El sindicato resalta que ésta "es la primera sentencia firme
obtenida de las reclamaciones realizadas por nuestros servicios jurídicos"
por lo que UGT-A ha mostrado su satisfacción por el fallo dictado por el
Supremo porque "supone la recuperación de los puestos de trabajo de los
empleados afectados".
Fuente: Europa Press
Y ahora, con la LRSAL, qué....?
ResponderEliminarPregunto lo mismo... y ahora qué?
ResponderEliminarYa hay sentencias en la misma línea del Consorcio UTEDLT de Cazorla (Jaén) y del Consorcio UTEDLT de Bejar (Almería).
ResponderEliminarLa responsabilidad es de la Junta de Andalucía, pues ha machacado a un colectivo de profesionales que durante más de 15 años nos hemos dejado la piel en el territorio, pero aún así sigue sin querer asumir su responsabilidad y está dilatando los procesos hasta llevarlos al extremo más absurdo poniendo a centenares de familias en una situación cercana a la pobreza. Pero además los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía siguen buscando el más mínimo resquicio legar para no responder ante la justicia. La readmisión se debe de producir y las limitaciones establecidas por la LRSAL no tienen porqué pagarlas un solo colectivo en esta tierra. Es más, después de realizar una auténtica masacre con más de 800 profesionales en Andalucía la situación sigue peor que antes de hacerlo, con lo cual parece que la drástica medida tampoco ha sido tan eficarz. A los andaluces les costó la broma más de 20 millones de euros para hacer frente a las indemnizaciones por despidos y ahora ya van más de 5 millones de salarios de tramitación, generándose la pequeña cantidad e 71.000€ diarios. Sin esperanzas de que el tema llegue a una solución justa, solo espero que esto sirva de ejemplo para que esto no ocurra en ninguna otra comunidad.
ResponderEliminarCreo que es muy urgente la creación de un colegio, que reconozca la labor de los ALPES como una profesión con reconocimiento a nivel nacional y no como el "jarrillo de lata" que al menos en Andalucía hemos sido, después de haber realizado una de las mejores labores que la Administración ha puesto a disposición del ciudadano en los últimos tiempos.