El Consejo de Ministros ha
adoptado el acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Española de
Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020, un documento
que dotará a España de un marco común de referencia que permitirá armonizar las
distintas actuaciones que, en relación a la Responsabilidad Social, se están
desarrollando tanto en el ámbito público como en el privado.
Se trata de una actuación que
responde a las recomendaciones plasmadas en la Estrategia Renovada de la Unión
Europea sobre Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), que insta a los
países miembros a impulsar políticas nacionales en materia de RSE.
La Estrategia Española de
Responsabilidad Social de las Empresas aspira a impulsar acciones que persiguen
los siguientes objetivos:
• Reforzar y alinear los compromisos de las
empresas y de las Administraciones públicas con las necesidades y
preocupaciones de la sociedad española, entre las que se encuentra la
generación de empleo.
• Contribuir a reforzar los
modelos de gestión sostenibles que ayuden a las empresas a ser más competitivas
y a las administraciones públicas más eficientes.
• Y, por último, potenciar
aquellos programas de responsabilidad social que impulsen la marca España, la
credibilidad internacional y la competitividad de la economía española, junto a
la sostenibilidad y la cohesión social.
En relación a su estructura, la
Estrategia parte de seis principios, marca cuatro objetivos
estratégicos y 10 líneas de actuación con sus correspondientes
medidas que confluyen en una visión: apoyar el desarrollo de las prácticas
responsables de las organizaciones públicas y privadas con el fin de que se
constituyan en un motor significativo de la competitividad del país y de su
transformación hacia una sociedad y una economía más productiva, sostenible e
integradora.
Los seis principios, tal y como
se recogen en el borrador, son:
1. COMPETITIVIDAD. La puesta en marcha de
actuaciones en materia de Responsabilidad Social se puede identificar también
como una apuesta por la excelencia en la gestión de las empresas que redunda en
la mejora de su posicionamiento en el mercado, en su productividad,
rentabilidad y sostenibilidad. La Responsabilidad Social facilita la innovación
al incorporar nuevas formas de gestión que favorecen la creación de nuevos
productos y servicios dando respuesta a retos sociales y ambientales.
2. COHESIÓN SOCIAL. La RSE
debe aumentar la eficacia de las organizaciones en la promoción de la igualdad
de oportunidades y la inclusión social. La valoración de la RSE por la
sociedad, su mejor forma de promoción, requiere que los ciudadanos identifiquen
la misma como un elemento de cohesión social para ayudar a reducir los efectos
sociales de la crisis económica, principalmente la pérdida de puestos de
trabajo, y con la creación de empleo.
3. CREACIÓN DE VALOR
COMPARTIDO. La aplicación de los criterios y valores de la RSE, en
colaboración efectiva con los grupos de interés, contribuye a generar y
reforzar el impacto positivo. Debe, al mismo tiempo, contribuir a identificar,
prevenir y eliminar los impactos negativos y crear más valor no sólo para la
propia organización que los aplica, sino también para aquellos con los que lo
comparte que son los principales grupos de interés involucrados en su actividad
y la sociedad en general.
El objetivo de dicha aplicación debe ser maximizar la
creación de valor compartido para sus propietarios y/o accionistas y para las
demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio, con el fin de
identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas.
4. SOSTENIBILIDAD. La RSE
se constituye como un instrumento para desarrollar organizaciones conscientes
de su papel principal en el logro de un desarrollo humano, económico, y
medioambiental sostenido en el tiempo para las sociedades en las que se
integran.
Es posible una evolución justa y
responsable hacia una economía más competitiva que dé lugar a un desarrollo
sostenible y logre progreso social.
5. TRANSPARENCIA. La RSE
contribuye a promover organizaciones ejemplares y transparentes, lo que redunda
en un aumento de la credibilidad y de la confianza. Las empresas y
organizaciones socialmente responsables dialogan con sus interlocutores y
adquieren compromisos con sus grupos de interés, lo que facilita que éstos
puedan tomar decisiones mejor
informadas. Ello repercute de manera directa en su reputación de cara al
resto de la sociedad. Una organización socialmente responsable debe considerar
todos sus aspectos (económicos, sociales, laborales, medioambientales, buen
gobierno…). Una buena práctica en uno de los aspectos no puede ser considerada
como un aval de RSE sin conocer y tener en consideración el resto de los
aspectos.
6. VOLUNTARIEDAD. La
adopción de políticas de responsabilidad social es voluntaria, requiere un
compromiso y supone un valor añadido al cumplimiento de la normativa vigente.
El compromiso asumido voluntariamente con las partes interesadas, debe ser la
base del cumplimiento de las expectativas que generen las organizaciones.
Los objetivos en torno a los cuales se vertebran las 10
líneas de actuación son:
• Objetivo 1. Impulsar y promover la RSE,
tanto en las empresas, incluidas las PYMES, como en el resto de organizaciones
públicas y privadas, en sus actuaciones en los diversos ámbitos geográficos en
los que operan.
• Objetivo 2. Identificar y promover
la RSE como atributo de competitividad, de sostenibilidad y de cohesión social.
• Objetivo 3. Difundir los
valores de la RSE en el conjunto de la sociedad.
• Objetivo 4. Crear un marco de
referencia común para todo el territorio en materia de RSE, que garantice el
cumplimiento y respeto de los principios de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre,
de Garantía de la Unidad de Mercado y permita una mayor coordinación y
sinergias en esta materia.
Y las 10 líneas de actuación en
las que se enmarcan las 60 medidas concretas son:
1. Promoción de la RSE como elemento impulsor
de organizaciones más sostenibles. El
objetivo de esta línea de actuación es extender la cultura de la
Responsabilidad Social al conjunto de la sociedad a través de actuaciones como
la promoción de sus principios, de las recomendaciones de consenso
internacional en esta materia y la difusión de buenas prácticas en este ámbito.
Entre las medidas que incluye, y para
mejorar la transparencia y favorecer que tanto las empresas como el resto de
las organizaciones puedan hacer públicos sus informes de responsabilidad social
y sostenibilidad, la ministra ha anunciado que “el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social pondrá en marcha en los próximos meses una herramienta
telemática y un procedimiento de publicación de las memorias e informes de
responsabilidad social y sostenibilidad que realicen las empresas sin cargas
administrativas adicionales”.
Estas memorias, y sus
correspondientes verificaciones cuando las hubiere, serán publicadas en el Portal
de la Responsabilidad Social, un nuevo espacio que se ubicará en la Web del
propio Ministerio y que dará visibilidad a las memorias de RSE y sostenibilidad
de forma sistemática y facilitará la identificación y divulgación de prácticas
responsables.
Además, “continuaremos impulsando
los reconocimientos y las prácticas empresariales socialmente responsables. Y
en este momento no hay mayor responsabilidad social que el empleo”, aseguró la
ministra. En este contexto, se refirió al sello de la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven, un reconocimiento que ya tienen más de 600
entidades públicas y privadas que han puesto en marcha planes de actuación por
valor de más de 550 millones de euros, que se suman a los recursos públicos de
fomento del empleo entre los jóvenes.
2. Integración de la RSE en la
educación, la formación y en la investigación. La educación en el valor del
comportamiento responsable, la formación especializada en técnicas de gestión
socialmente responsable y la investigación orientada a la aplicación efectiva
de sus criterios, son pilares fundamentales para acelerar cambios en la forma
de pensar y el actuar sostenible de las actuales y futuras generaciones.
En este sentido, se prevén
actuaciones como la próxima firma de un convenio con las entidades
representativas de la Economía Social para extender y afianzar los principios
de la Responsabilidad Social en los colegios organizados bajo la fórmula de
cooperativas de enseñanza.
3. Buen Gobierno y transparencia
como instrumentos para el aumento de la confianza. El objeto de esta línea de
actuación es extender las prácticas de buen gobierno, el comportamiento ético y
la transparencia.
En este ámbito la ministra se
refirió a cuatro proyectos ya emprendidos; la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno; la Ley de Ordenación, Supervisión y
Solvencia de Entidades de Crédito, que introduce reformas en materia de
gobierno corporativo; el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de
Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo; y la futura Ley
de Mutuas, por la cual ningún directivo de las mutuas de accidentes y
contingencias profesionales podrá cobrar, entre retribuciones básicas y
complementarias, más de lo que gana el titular del Ministerio de Empleo.
Entre las medidas que incluye se
encuentran también el fomento de la elaboración de informes anuales integrados
que incorporen de forma transparente la información de aspectos sociales,
ambientales, y de buen gobierno, y la constitución de un grupo de trabajo
interministerial para la trasposición de la nueva Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre divulgación de información no financiera e
información sobre la diversidad al ordenamiento jurídico español.
Asimismo, durante su
intervención, la ministra ha hecho referencia a otras medidas de este ámbito
como el fomento de la fiscalidad responsable en las organizaciones, el impulso
de actuaciones dirigidas a combatir el fraude, tanto laboral como fiscal, y la
economía sumergida y el desarrollo de programas de transparencia, integridad y
lucha contra la corrupción en todas las organizaciones.
4. Gestión responsable de los
recursos humanos y fomento del empleo. Las organizaciones socialmente
responsables deben prestar atención especial a la creación de empleo de calidad
y tener en cuenta a los colectivos con mayores dificultades de inserción
laboral. Además, deben poner en marcha prácticas que impulsen la diversidad en
las plantillas “para que éstas sean un reflejo real de la sociedad en la que se
desarrollan”, aseguro la ministra.
En este ámbito, Fátima Báñez se
ha referido a aquellas medidas dirigidas a favorecer la igualdad de
oportunidades y la diversidad en las plantillas, la promoción de la igualdad
entre mujeres y hombres y a aquellas actuaciones cuyo objetivo es facilitar la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y la
corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares y de cuidado.
De forma particular, se refirió a
la presentación junto con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, de un Plan especial para la igualdad de mujeres y hombres en el
ámbito laboral y contra la discriminación salarial.
Por último, ha señalado que “se
seguirá potenciando la contratación indefinida”.
5. Inversión socialmente
responsable e I+D+i. La responsabilidad social empresarial puede constituirse
como un elemento de atracción de la inversión de largo plazo e incentivadora de
un crecimiento responsable y sostenible.
En este apartado la ministra ha
señalado que está prevista la elaboración de una guía de buenas prácticas que
sirva de instrumento para la inclusión, difusión y seguimiento de criterios
éticos, ambientales, sociales, de derechos humanos y de buen gobierno en las
políticas de inversión de productos financieros y de ahorro, así como impulsar
la inversión socialmente responsable por parte de los pequeños inversores.
6. Relación con los proveedores.
El desarrollo de sistemas de relación socialmente responsables por parte de las
organizaciones con cada uno de los componentes de la cadena de suministro, y la
puesta en marcha de actuaciones que contribuyan a extender las buenas prácticas
que éstas llevan a cabo en materia de responsabilidad social entre sus
distintos proveedores, deben ocupar un lugar prioritario en los planes
estratégicos de las empresas y de las administraciones públicas.
Por ello, y entre las medidas que
se incluyen en la sexta línea de actuación se encuentran: continuar impulsando
la puesta en marcha de iniciativas dirigidas a que, tanto las empresas como las
administraciones públicas, satisfagan sus compromisos con sus proveedores,
especialmente, en los plazos de abono de las facturas; instar a todas las
administraciones públicas a que adapten sus criterios de solvencia técnica y económica
en los procedimientos de licitación pública, al fomento del emprendimiento; y
fomentar la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en las
licitaciones y adquisiciones públicas.
7. Consumo responsable. En esta
línea de actuación se introducen medidas para sensibilizar, concienciar y hacer
partícipe al consumidor en su toma de decisiones, lo que contribuirá, por un
lado, a extender las prácticas de responsabilidad empresarial como requisitos
de negocio; y, por otro, a la promoción de una sociedad más sostenible,
ecológica y solidaria.
En este ámbito la estrategia
incluye medidas como la utilización del etiquetado como instrumento de
información al consumidor y herramienta informativa del cumplimiento de
criterios de sostenibilidad y la elaboración de un código de buenas prácticas
sobre información para evitar la comunicación y/o la publicidad no veraz.
8. Respeto al medio ambiente. El
respeto al medio ambiente es un requisito indispensable de toda organización
con vocación sostenible, ya que tiene que conciliar el cuidado del entorno con
el desarrollo económico y de las personas.
En este contexto, la Estrategia
contempla medidas dirigidas a fomentar el respeto por el entorno mediante la
puesta en marcha de actuaciones referentes al control y consumo responsable de
recursos naturales, la minimización del impacto ambiental, o el impulso de las
tecnologías limpias, entre otras.
9. Cooperación al desarrollo:
esta línea estratégica trata de promover la coordinación y la participación de
los distintos agentes implicados en el objetivo de poner en valor el desempeño
responsable de empresas españolas para favorecer la cohesión social y destacar
su papel como aliadas en el desarrollo de la cooperación española con
actuaciones encaminadas a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y,
especialmente, a la defensa y protección de los derechos humanos de las
comunidades.
También se refirió la ministra al
respeto y protección de los Derechos Humanos en toda la cadena de valor.
Especialmente en el ámbito internacional, las empresas deben colaborar para
tratar de garantizar que se cumplan los Derechos Humanos en su esfera de
influencia poniendo especial atención en aquellos entornos en los que no
existan garantías suficientes en relación al respeto y protección de los
mismos.
10. Coordinación y participación.
En esta línea de actuación se articulan los
mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones
públicas, tanto a nivel autonómico como local, con objeto de promover los
principios y criterios de la Responsabilidad Social, así como fomentar el
intercambio de experiencias con otros países.
Contempla medidas como la
creación de un grupo de trabajo dentro de la Conferencia Sectorial de Empleo y
Asuntos Laborales para garantizar la armonización y unidad de mercado en esta
materia y la promoción de la RSE en todo
el territorio.
Además, se extenderá y promoverá
la RSE a través de iniciativas como la actual Red de Territorios Socialmente
Responsables (RED RETOS) y la creación de una Red de Responsables Públicos de
Fomento de la Responsabilidad Social que compartan buenas prácticas e impulsen
la RSE en todo el territorio desde cualquier ámbito de la Administración.
Por último, la ministra anunció
que a través del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas,
se pondrá en marcha de forma inminente el Observatorio de la Responsabilidad
Social de las Empresas, que estará coordinado por la Dirección General del
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las
Empresas, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
