Hay un consenso generalizado de que
el Plan Anual de Política de Empleo para 2013 (PAPE 13) llega
tarde, siendo más difícil de entender cuanto más conscientes somos de las
verdaderas necesidades que tiene nuestro país en volcar esfuerzos en la
generación de empleo y actividad económica.
Ya
llegó tarde la adopción de las medidas que enfocaron el actual PAPE, en la
Conferencia Sectorial de
Empleo y Asuntos Laborales que se celebró el 11 de abril, perdiendo
más de un trimestre esencial en la lucha contra el desempleo. Otro trimestre
más acumuló este retraso cuando el PAPE 13 fue aprobado por el Consejo de
Ministros en su reunión del día 2 de agosto, acuerdo que debía haberse
publicado inmediatamente en el BOE. Sin embargo, dejar pasar cinco semanas
hasta su publicación el día 10 de septiembre, parece dejar en evidencia el
verdadero interés político en la ejecución coordinada de las políticas activas
de empleo, y en el desarrollo de medidas que incidan directamente en la
generación de empleo.
Debemos
recordar que esta situación también se dio en 2012, con la publicación del PAPE 2012 el día 4
de agosto de 2012
Este
próximo martes, día 24 de septiembre se celebrará Comisión de Empleo y Seguridad Social en el Congreso,
durante la que la Secretaria de Estado de Empleo informará sobre el Plan
Anual de políticas activas 2013, así como del anterior Plan de 2012. Será muy
importante analizar la información para comprender cómo se proyectarán las
acciones previstas en el PAPE 2013.
En
este momento los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas
deben programar y conocer los presupuestos efectivos con los que cuentan para
poder poner en práctica estas medidas programadas para todo el año 2013;
esperando que puedan llegar fondos a las administraciones locales, verdaderas
impulsoras de las políticas de empleo y de desarrollo local.
Hay que recordar que son las
Comunidades Autónomas quienes poseen las competencias en Políticas Activas de
Empleo y, consiguientemente, de los fondos presupuestarios. Esta es la opinión
de la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que ha
solicitado en numerosas ocasiones la competencia local en las políticas activas de empleo y formación ocupacional
para los propios ayuntamientos.
Por
eso es necesario que el Proyecto de Ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
contemple en su punto 8 la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, añadiendo un punto "o" en su artículo
25 con la competencia propia para los Ayuntamientos en materia de empleo.
El debate está aún abierto y estamos a tiempo de incluir este importante punto.
desde luego
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